Por: Adriana Alatorre
Organizaciones civiles denunciaron que la minera canadiense Blackfire México, sobornó con pagos de al menos 204 mil pesos a Julio César Velázquez Calderón, alcalde del municipio de Chicomuselo en Chiapas.
Tres representantes de organizaciones civiles canadienses que visitaron la comunidad, acusaron también que en la zona se han registrado violaciones a los derechos humanos desde que se instaló la mina de barita (mineral que se utiliza en los procesos extracción de petróleo).
Mark Rowlinson abogado Laboral de los Mineros Metalúrgicos de Canadá, expuso que la empresa ha reconocido que además del dinero también proporcionó al alcalde billetes de avión para él y su familia, en respuesta a supuestos "favores" hechos a la empresa.
"La información sugiere que los funcionarios empresariales que controlan, operan y dirigen Blackfire Canadá eran conscientes, y pueden haber dirigido el acto de sobornar a un funcionario público extranjero en su beneficio; por esto ya entablamos una demanda en Canadá", explicó.
La evidencia principal se basa en una declaración firmada por el gerente general de Responsabilidad Social de Blackfire México, Artemio Ávila Cervera, quien presentó una queja ante el gobierno del Estado de Chiapas el 15 junio 2009, donde incluye una hoja de cálculo que detalla una serie de pagos de "recompensa" para el alcalde.
Tras observar la mina y reunirse con distintos actores, los delegados, invitados por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), identificaron que es necesario que el gobierno canadiense tenga mayor control sobre las actividades de sus trasnacionales en el mundo, incluyendo la falta de responsabilidad social.
Señalaron que los pobladores de la zona cercana a la mina se encuentran en riesgo por la posibilidad de deslaves y por el daño ambiental provocado, y que se ha gestado un descontento generalizado de la población que pide irrevocablemente la salida de Blackfire de México.
Rick Arnold, coordinador para la coalición canadiense Fronteras Comunes, que integra a las redes más importantes de Canadá, expuso que es evidente el grado de polaridad de la misma sociedad.
"Es así como operan las mineras, polarizan a la sociedad para que no se organicen y los confronten, pues su forma de vida está siendo impactada por la minera", explicó.
La mina instalada en una zona de captación de agua ha contaminado los manantiales y cuerpos superficiales de agua donde la población lava su ropa y en muchos casos se bebe esa agua.
"Se ha demostrado en investigaciones internacionales que la explotación de barita a cielo abierto impacta a la comunidad en la salud, pues llega a ser cancerígena", alertó.
Conflictos
Las autoridades canadienses han estado pendientes de la operación de la minera Blackfire.
· Desde julio de 2009, la empresa había suspendido operaciones por la oposición de activistas.
· El 27 de noviembre de 2009, es asesinado el líder en Chiapas de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) Mariano Abarca, quien se oponía a la minera.
· El 9 de diciembre de 2009, la Gobernadora general de Canadá, Michaëlle Jean, lamentó el asesinato del activista.
· El 10 de diciembre el Gobierno estatal cerró una propiedad de la minera por daño ambiental
lunes, 29 de marzo de 2010
Podría minera Black Fire causar otro Juan de Grijalva, alertan
INVESTIGA CANADÁ SOBORNOS A FUNCIONARIOS CHIAPANECOS
* Según especialista canadiense, el muro de barro que ha dejado la extracción de barita presenta fisuras y podría colapsar en la temporada de lluvias, afectando a las poblaciones cercanas
* “Black Fire debe irse ya de Chiapas”, coinciden luego de la visita a la mina; pobladores les manifestaron miedo por los daños que ha causado
* “Venimos hasta aquí para ver los hechos de primera mano, para nosotros es claro que la empresa tuvo algo que ver en el asesinato de Mariano Abarca y eso no es aceptable en ninguna parte del mundo”, declararon
POR: MARCO ANTONIO ALVARADO
La historia de Juan de Grijalva podría repetirse en los poblados cercanos a la minera Black Fire, donde el muro de barro que ha dejado la extracción de barita “presenta fisuras y podría colapsar en la temporada de lluvias”, declaró Rick Arnold, coordinador de una red canadiense de 20 organizaciones gremiales y organismos no gubernamentales relacionados con el tema de la minería.
“Es una alerta a tiempo”, dijo tras su visita a las instalaciones de la empresa Black Fire. Arnold forma parte de una comitiva canadiense conformada por el abogado Mark Rowlison, integrante del Departamento Legal de la oficina United Steelworkers, uno de los sindicatos mineros más poderosos en aquel país, así como por la periodista y especialista en estos temas, Dawn Paley.
El grupo llevará el reporte de lo que han visto y oído ante el gobierno canadiense, para que actué en respuesta a los abusos cometidos por la empresa Black Fire en territorio mexicano.
Como parte también de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, la comitiva canadiense busca que se legisle en su país, a fin de que se termine con las prácticas de mineras canadienses que como Black Fire operan con impunidad en varios países de América Latina.
Asimismo, se dijeron preocupados por la muerte del líder social y cabeza del movimiento que exige la salida de la mina, Mariano Abarca Roblero, cuya familia visitaron a fin de conocer los sucesos que rodearon su asesinato.
“Nos hemos reunido también con la gente de los poblados cercanos, hemos visitado el área para palpar la situación”, mencionó Arnold y recalcó: “No hay posibilidades de negociar nada, Black Fire debe irse ya de Chiapas”.
Rick Arnold se dijo preocupado por lo que ha visto al recorrer la mina: “Queremos recalcar que tuvimos oportunidad ir a la mina, fue de manera sorpresiva, y a título personal quiero decir que me he parado en el borde, he visto hacia abajo y la caída es totalmente vertical, profunda y presenta grandes grietas”.
“Mirando hacia un lado se aprecia el poblado de Nuevo Morelia y otras casas, a mi juicio habría que anunciar una alerta de esa situación, porque si este año las lluvias son fuertes, nosotros creemos que no hay nada ahí que vaya a resistir el posible colapso del muro de barro, la empresa no hizo nada para asegurar que ello no ocurra y en algún momento se podría venir abajo”, explicó.
El alud, que en opinión del coordinador canadiense podría suscitarse, iría en dirección de los mismos poblados que de forma unánime piden que la minera se retire.
“La gente está preocupada por los daños, no sólo ecológicos que las mismas autoridades de Chiapas han reconocido es irreversible y extenso, sino también por la elevada mortandad de reses, peces y las manchas que surgen en su piel cuando se bañan en el río”, agregó.
De acuerdo con los visitadores, la gente de los poblados Grecia y Nuevo Morelia, entre otros, ya no quieren negociar nada, ni arreglo de caminos ni construcción de aulas, sólo quieren que se vaya lo más pronto posible.
“No vieron nada del progreso prometido”, indicó y reconoció que estos testimonios formarán la base para impulsar una ley en Canadá, que vigile la operación de ésta y todas las empresas de ese país dedicadas a la minería que aplastan los derechos de los lugares donde se ubican.
EL OBJETIVO: BLACK FIRE EN LOS TRIBUNALES
Por su parte, el abogado Mark Rowlison fue tajante al afirmar: “Estamos impulsando dos leyes en Canadá, una para que el gobierno retire su apoyo a las empresas que fuera del país trabajan de manera irresponsable, porque el gobierno las apoya muchísimo. La otra, es para crear la posibilidad de que las víctimas de abusos ambientales, laborales o de derechos humanos, puedan llevar sus casos ante los tribunales canadienses”.
Comentó que esperan también incidir en que si se comprueba que la minera estuvo detrás de la muerte de Mariano Abarca, su familia pueda llevar un juicio en Canadá.
“Venimos hasta aquí para ver los hechos de primera mano, quiero decir que para nosotros es claro que la empresa tuvo algo que ver en el asesinato y eso no es aceptable en ninguna parte del mundo”, afirmó.
Las dos leyes de las que habló Rowlison son respaldadas también por nueve organizaciones más inmersas en el tema, “nuestro sindicato y los canadienses en general estamos muy preocupados por la irresponsabilidad de algunas mineras en Latinoamérica”.
Y en especial el caso que los ocupa en este momento los ha llevado a plantear que el gobierno canadiense tenga más control sobre estas compañías dentro y fuera del país, y -en su caso- retirarles toda protección.
“Hemos pedido a la policía canadiense que investigue también la corrupción de empresarios de Black Fire, particularmente por el dinero que dieron a varios funcionarios públicos”, aseguró.
IMPUNIDAD, LO QUE DISTINGUE A MINERAS CANADIENSES
La forma de operar de Black Fire en las comunidades de Chicomuselo es la regla, no la excepción dentro de las mineras canadienses, aceptó la periodista Dawn Paley, quien ha investigado los abusos en varios países de América.
“Hay un paraíso judicial en Canadá y estas empresas se aprovechan de ello, porque básicamente las leyes no hacen nada de lo que hagan fuera del territorio, en ese contexto vivimos”, precisó.
Manifestó que además hay mucha impunidad en el negocio minero de aquel país, no es el caso de Chicomuselo el primero: “Black Fire actuó con irresponsabilidad extrema, pero así lo hacen generalmente las mineras canadienses que he investigado”.
En la actualidad, sostuvo que existen denuncias por hechos similares al de Chicomuselo, en Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador y El Salvador, donde recientemente mataron también a los opositores de una mina.
“Todos son casos fuertes y tan graves, por eso la necesidad de promulgar las dos leyes que proponemos”, detalló.
En el caso chiapaneco, la comitiva dice que no hay posibilidad de negociar nada, simplemente quieren que se vaya la empresa.
“Su mensaje es sencillo pero busca algo complicado, quieren justicia, la familia de Mariano Abarca pide justicia y vamos a apoyarlos en todo lo posible, para que lo que aquí ocurrió llegue a los más altos niveles del gobierno canadiense”, puntualizó.
LA INFALTABLE CORRUPCIÓN MEXICANA
Si Black Fire ha podido operar sin tener que dar cuentas a las autoridades locales, obedece al sistema de compra de conciencias que ha implementado y que en el caso de Chicomuselo le funcionó.
Al respecto, la comitiva canadiense es clara cuando dice “hubo un soborno de 14 meses hacia el Presidente Municipal de Chicomuselo, Julio César Velázquez Calderón”.
“La documentación que hemos visto indica que empezaron (los pagos) en marzo de 2008. Inicialmente 25 mil pesos, que supuestamente servirían para financiar la feria del pueblo.
Después vinieron pagos mensuales de 10 mil pesos, por concepto de gratificaciones.
Después en abril de 2009 hubo otro pago de 100 mil pesos, 75 mil fueron directo a la cuenta del alcalde y el resto a otro funcionario publico de esa localidad” dijo Rick Arnold.
Los canadienses aseguraron que también encontraron que el alcalde –quien aún continúa en funciones- pidió un sin número de boletos de avión, para que viajaran su familia y allegados, “eso es algo que sabemos que la empresa sí le dio”.
Sin embargo, dijeron desconocer a que otros niveles del gobierno municipal o estatal, llegó la cadena de corruptelas que volvieron intocable a la minera.
LA HERENCIA BLACK FIRE
De acuerdo con datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, actualmente en México operan 528 mineras canadienses, la mayoría todavía se encuentra en procesos de exploración.
Pero de éstas, 48 ya tienen producción y más de la mitad de ellas, tienen problemas graves en las comunidades donde están asentadas.
“Hacen lo que quieren sin que nadie los vigile” reconoció el grupo de canadienses, que consideró necesario ponerles límites, sobre todo, después que las malas prácticas se han hecho su norma.
¿Qué dejará Black Fire en Chicomuselo? “El pago ya está, agua contaminada por la exposición de la barita al medio ambiente lo cual genera óxido de barita, de ahí derivan problemas en la piel que la población ya está sufriendo” responde Gustavo Castro, otro de los implicados en la investigación.
“Y esos son los síntomas inmediatos, porque también hay carencia de agua porque las explosiones generaron grietas por donde el agua se filtra y ya no baja a las comunidades”.
Advierte que los problemas ecológicos serán mayores si a lo anterior se suma la pérdida de capa forestal que supone un grave riesgo para la seguridad alimentaria.
Además, “la montaña no la podrán reconstruir, por eso la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural clausuró la mina, argumentando que el daño al medio ambiente es irreversible, que hay ecosistemas que ya no se recuperarán”.
Sobre las consecuencias inmediatas y la alerta de un posible alud sobre las comunidades cercanas, Castro fue tajante al afirmar: “el gobierno del estado y la empresa serán responsables si este año las lluvias ocasionan un desastre”.
DUDAS SOBRE EL CASO ABARCA
Para los visitadores extranjeros el asesinato de Mariano Abarca no fue sino resultado de la omisión del gobierno estatal.
“Ya se habían denunciado las amenazas y las acciones de la empresa un año antes de que ocurriera, se les dijo que gente de la minera fue a casa de Abarca y golpeó a su familia, entre ellos el Gerente de Relaciones Públicas”.
Es por ello que ante la ineficiencia del gobierno chiapaneco, pedirán que la investigación vaya más al fondo, más enfocada a la empresa y sus directivos.
“Tienen que ser investigados porque el gobierno sabía de la situación desde un año antes y no hizo nada”.
Sobre la detención de los tres presuntos autores materiales del crimen, la Red Mexicana de Afectados por la Minería dijo que la gente del pueblo está conforme con esa parte de la investigación.
Pero para ellos, la encarcelación de Walter León Montoya, a quien se le imputa haber amenazado al occiso, “es posible que esté relacionada con otros intereses pero no por la muerte de Mariano”.
“La detención de Walter León no puede ser por este caso como ha dicho la Procuraduría General de Justicia del Estado, ellos dicen que Walter llegó a un platón en Chicomuselo y lo amenazó junto con gente armada.
Pero los testigos afirman que esa versión no es cierta, nadie lo conoce y nunca nadie lo vio en el lugar” afirmó Gustavo Castro quien se dijo preocupado de que el o los verdaderos autores intelectuales del crimen, estén siendo protegidos mediante una desviación del caso.
* Según especialista canadiense, el muro de barro que ha dejado la extracción de barita presenta fisuras y podría colapsar en la temporada de lluvias, afectando a las poblaciones cercanas
* “Black Fire debe irse ya de Chiapas”, coinciden luego de la visita a la mina; pobladores les manifestaron miedo por los daños que ha causado
* “Venimos hasta aquí para ver los hechos de primera mano, para nosotros es claro que la empresa tuvo algo que ver en el asesinato de Mariano Abarca y eso no es aceptable en ninguna parte del mundo”, declararon
POR: MARCO ANTONIO ALVARADO
La historia de Juan de Grijalva podría repetirse en los poblados cercanos a la minera Black Fire, donde el muro de barro que ha dejado la extracción de barita “presenta fisuras y podría colapsar en la temporada de lluvias”, declaró Rick Arnold, coordinador de una red canadiense de 20 organizaciones gremiales y organismos no gubernamentales relacionados con el tema de la minería.
“Es una alerta a tiempo”, dijo tras su visita a las instalaciones de la empresa Black Fire. Arnold forma parte de una comitiva canadiense conformada por el abogado Mark Rowlison, integrante del Departamento Legal de la oficina United Steelworkers, uno de los sindicatos mineros más poderosos en aquel país, así como por la periodista y especialista en estos temas, Dawn Paley.
El grupo llevará el reporte de lo que han visto y oído ante el gobierno canadiense, para que actué en respuesta a los abusos cometidos por la empresa Black Fire en territorio mexicano.
Como parte también de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, la comitiva canadiense busca que se legisle en su país, a fin de que se termine con las prácticas de mineras canadienses que como Black Fire operan con impunidad en varios países de América Latina.
Asimismo, se dijeron preocupados por la muerte del líder social y cabeza del movimiento que exige la salida de la mina, Mariano Abarca Roblero, cuya familia visitaron a fin de conocer los sucesos que rodearon su asesinato.
“Nos hemos reunido también con la gente de los poblados cercanos, hemos visitado el área para palpar la situación”, mencionó Arnold y recalcó: “No hay posibilidades de negociar nada, Black Fire debe irse ya de Chiapas”.
Rick Arnold se dijo preocupado por lo que ha visto al recorrer la mina: “Queremos recalcar que tuvimos oportunidad ir a la mina, fue de manera sorpresiva, y a título personal quiero decir que me he parado en el borde, he visto hacia abajo y la caída es totalmente vertical, profunda y presenta grandes grietas”.
“Mirando hacia un lado se aprecia el poblado de Nuevo Morelia y otras casas, a mi juicio habría que anunciar una alerta de esa situación, porque si este año las lluvias son fuertes, nosotros creemos que no hay nada ahí que vaya a resistir el posible colapso del muro de barro, la empresa no hizo nada para asegurar que ello no ocurra y en algún momento se podría venir abajo”, explicó.
El alud, que en opinión del coordinador canadiense podría suscitarse, iría en dirección de los mismos poblados que de forma unánime piden que la minera se retire.
“La gente está preocupada por los daños, no sólo ecológicos que las mismas autoridades de Chiapas han reconocido es irreversible y extenso, sino también por la elevada mortandad de reses, peces y las manchas que surgen en su piel cuando se bañan en el río”, agregó.
De acuerdo con los visitadores, la gente de los poblados Grecia y Nuevo Morelia, entre otros, ya no quieren negociar nada, ni arreglo de caminos ni construcción de aulas, sólo quieren que se vaya lo más pronto posible.
“No vieron nada del progreso prometido”, indicó y reconoció que estos testimonios formarán la base para impulsar una ley en Canadá, que vigile la operación de ésta y todas las empresas de ese país dedicadas a la minería que aplastan los derechos de los lugares donde se ubican.
EL OBJETIVO: BLACK FIRE EN LOS TRIBUNALES
Por su parte, el abogado Mark Rowlison fue tajante al afirmar: “Estamos impulsando dos leyes en Canadá, una para que el gobierno retire su apoyo a las empresas que fuera del país trabajan de manera irresponsable, porque el gobierno las apoya muchísimo. La otra, es para crear la posibilidad de que las víctimas de abusos ambientales, laborales o de derechos humanos, puedan llevar sus casos ante los tribunales canadienses”.
Comentó que esperan también incidir en que si se comprueba que la minera estuvo detrás de la muerte de Mariano Abarca, su familia pueda llevar un juicio en Canadá.
“Venimos hasta aquí para ver los hechos de primera mano, quiero decir que para nosotros es claro que la empresa tuvo algo que ver en el asesinato y eso no es aceptable en ninguna parte del mundo”, afirmó.
Las dos leyes de las que habló Rowlison son respaldadas también por nueve organizaciones más inmersas en el tema, “nuestro sindicato y los canadienses en general estamos muy preocupados por la irresponsabilidad de algunas mineras en Latinoamérica”.
Y en especial el caso que los ocupa en este momento los ha llevado a plantear que el gobierno canadiense tenga más control sobre estas compañías dentro y fuera del país, y -en su caso- retirarles toda protección.
“Hemos pedido a la policía canadiense que investigue también la corrupción de empresarios de Black Fire, particularmente por el dinero que dieron a varios funcionarios públicos”, aseguró.
IMPUNIDAD, LO QUE DISTINGUE A MINERAS CANADIENSES
La forma de operar de Black Fire en las comunidades de Chicomuselo es la regla, no la excepción dentro de las mineras canadienses, aceptó la periodista Dawn Paley, quien ha investigado los abusos en varios países de América.
“Hay un paraíso judicial en Canadá y estas empresas se aprovechan de ello, porque básicamente las leyes no hacen nada de lo que hagan fuera del territorio, en ese contexto vivimos”, precisó.
Manifestó que además hay mucha impunidad en el negocio minero de aquel país, no es el caso de Chicomuselo el primero: “Black Fire actuó con irresponsabilidad extrema, pero así lo hacen generalmente las mineras canadienses que he investigado”.
En la actualidad, sostuvo que existen denuncias por hechos similares al de Chicomuselo, en Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador y El Salvador, donde recientemente mataron también a los opositores de una mina.
“Todos son casos fuertes y tan graves, por eso la necesidad de promulgar las dos leyes que proponemos”, detalló.
En el caso chiapaneco, la comitiva dice que no hay posibilidad de negociar nada, simplemente quieren que se vaya la empresa.
“Su mensaje es sencillo pero busca algo complicado, quieren justicia, la familia de Mariano Abarca pide justicia y vamos a apoyarlos en todo lo posible, para que lo que aquí ocurrió llegue a los más altos niveles del gobierno canadiense”, puntualizó.
LA INFALTABLE CORRUPCIÓN MEXICANA
Si Black Fire ha podido operar sin tener que dar cuentas a las autoridades locales, obedece al sistema de compra de conciencias que ha implementado y que en el caso de Chicomuselo le funcionó.
Al respecto, la comitiva canadiense es clara cuando dice “hubo un soborno de 14 meses hacia el Presidente Municipal de Chicomuselo, Julio César Velázquez Calderón”.
“La documentación que hemos visto indica que empezaron (los pagos) en marzo de 2008. Inicialmente 25 mil pesos, que supuestamente servirían para financiar la feria del pueblo.
Después vinieron pagos mensuales de 10 mil pesos, por concepto de gratificaciones.
Después en abril de 2009 hubo otro pago de 100 mil pesos, 75 mil fueron directo a la cuenta del alcalde y el resto a otro funcionario publico de esa localidad” dijo Rick Arnold.
Los canadienses aseguraron que también encontraron que el alcalde –quien aún continúa en funciones- pidió un sin número de boletos de avión, para que viajaran su familia y allegados, “eso es algo que sabemos que la empresa sí le dio”.
Sin embargo, dijeron desconocer a que otros niveles del gobierno municipal o estatal, llegó la cadena de corruptelas que volvieron intocable a la minera.
LA HERENCIA BLACK FIRE
De acuerdo con datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, actualmente en México operan 528 mineras canadienses, la mayoría todavía se encuentra en procesos de exploración.
Pero de éstas, 48 ya tienen producción y más de la mitad de ellas, tienen problemas graves en las comunidades donde están asentadas.
“Hacen lo que quieren sin que nadie los vigile” reconoció el grupo de canadienses, que consideró necesario ponerles límites, sobre todo, después que las malas prácticas se han hecho su norma.
¿Qué dejará Black Fire en Chicomuselo? “El pago ya está, agua contaminada por la exposición de la barita al medio ambiente lo cual genera óxido de barita, de ahí derivan problemas en la piel que la población ya está sufriendo” responde Gustavo Castro, otro de los implicados en la investigación.
“Y esos son los síntomas inmediatos, porque también hay carencia de agua porque las explosiones generaron grietas por donde el agua se filtra y ya no baja a las comunidades”.
Advierte que los problemas ecológicos serán mayores si a lo anterior se suma la pérdida de capa forestal que supone un grave riesgo para la seguridad alimentaria.
Además, “la montaña no la podrán reconstruir, por eso la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural clausuró la mina, argumentando que el daño al medio ambiente es irreversible, que hay ecosistemas que ya no se recuperarán”.
Sobre las consecuencias inmediatas y la alerta de un posible alud sobre las comunidades cercanas, Castro fue tajante al afirmar: “el gobierno del estado y la empresa serán responsables si este año las lluvias ocasionan un desastre”.
DUDAS SOBRE EL CASO ABARCA
Para los visitadores extranjeros el asesinato de Mariano Abarca no fue sino resultado de la omisión del gobierno estatal.
“Ya se habían denunciado las amenazas y las acciones de la empresa un año antes de que ocurriera, se les dijo que gente de la minera fue a casa de Abarca y golpeó a su familia, entre ellos el Gerente de Relaciones Públicas”.
Es por ello que ante la ineficiencia del gobierno chiapaneco, pedirán que la investigación vaya más al fondo, más enfocada a la empresa y sus directivos.
“Tienen que ser investigados porque el gobierno sabía de la situación desde un año antes y no hizo nada”.
Sobre la detención de los tres presuntos autores materiales del crimen, la Red Mexicana de Afectados por la Minería dijo que la gente del pueblo está conforme con esa parte de la investigación.
Pero para ellos, la encarcelación de Walter León Montoya, a quien se le imputa haber amenazado al occiso, “es posible que esté relacionada con otros intereses pero no por la muerte de Mariano”.
“La detención de Walter León no puede ser por este caso como ha dicho la Procuraduría General de Justicia del Estado, ellos dicen que Walter llegó a un platón en Chicomuselo y lo amenazó junto con gente armada.
Pero los testigos afirman que esa versión no es cierta, nadie lo conoce y nunca nadie lo vio en el lugar” afirmó Gustavo Castro quien se dijo preocupado de que el o los verdaderos autores intelectuales del crimen, estén siendo protegidos mediante una desviación del caso.
“Fuego negro”
José Luis Castillejos Ambrocio
Con 12 propiedades mineras en Canadá, el Grupo Willis bajo la razón social “Black-fire” o “Fuego negro” opera en Chiapas.
Pesa en su contra acusaciones de malas prácticas, de abusos, contaminación ambiental e incluso, la muerte de Mariano Abarca Roblero, miembro de la red mexicana de afectados por la minería (REMA) y del frente cívico de Chicomuselo
Su rubro es la explotación de la Barita, un mineral cuyo uso principal es en la industria petrolera y en aplicaciones en la pintura como un pigmento con resistencia a los ácidos y en el sector automotriz donde reemplaza al asbesto como producto friccionante en la fabricación de balatas para frenos y sirve a la industria del vidrio como fundente.
La codiciada Barita sirve, además, como protección en los cuartos de rayos X debido a que con su alta densidad es capaz de absorber la radiación. Substituye en ciertos casos al plomo y en la industria médica al ingerirse y ser un medio de contraste sirve en las radiografías del aparato digestivo.
Blackfire Exploration, Ltd., tiene poder y activos en la Columbia Británica, Canadá, y Chiapas, México, a través de su filial mexicana Blackfire Exploration México S de RL de CV. A la par de ese poderío marcha las denuncias de que es una empresa poco responsable lo que llevó al gobierno del estado más septentrional de México a clausurar sus operaiones.
Desde hace un buen tiempo Mariano Abarca Roblero, miembro de REMA venía oponiéndose a Backfire. Sus protestas fueron silenciadas, con su asesinato, el pasadol 27 de noviembre a manos de un sicario que lo ejecutó. La empresa cadanadiense ha intentado desmarcarse del asunto pero las acusaciones de organismos no gubernamentales y de campesinos amenazan con ahogarla.
En agosto del 2008 tres supuestos trabajadores de “Fuego Negro” llegaron hasta la casa de Mariano Abarca en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, portando los chalecos de “Bllackfire” y golpearon a su hijo. Al intentar defenderlo, el luchador social cayó al suelo con un golpe en la cabeza, y los empleados del consorcio canadiense lo siguieron golpeando al tiempo que a su mujer la tenían encañonada.
Ni los golpes, ni las amenazas mellaron la fortaleza de Mariano quien continuó
denunciando la falta de agua en los arroyos y las consecuencias de las detonaciones, así como la contaminación de los ríos que, llenos de lodo han acabado con los peces, con ganado y otros animales muertos.
Las autoridades ejidales, ejidatarios y pobladores de la colonia Nueva Morelia del municipio de Chicomuselo, levantaron un acta el 7 de septiembre del 2009 donde asentaron las amenazas de la empresa canadiense Blackfire, con sede en Calgary, Alberta y del robo que hacen en sus tierras.
Las quejas motivaron la intervención del Gobierno del Estado y el posterior cierre de la empresa que ahora amenaza con demandar a la administración de Juan Sabines Guerrero a la que pretende reclamarle una indemnización de 800 millones de dólares como “compensación” por los daños que ha sufrido por el cierre de su mina de barita en diciembre de 2009.
Otra perla es el documento firmado por Artemio Avila Cervera, director de Blackfire Canadá y también Gerente General de Responsabilidad Social, Blackfire de México que prueba que ha realizado pagos por un total de al menos 204 mil 022 pesos mexicanos a Julio César Velásquez Calderón, Alcalde del municipio de Chicomuselo por “servicios no oficiales” en beneficio de Blackfire México. La empresa también ha proporcionado al alcalde otros beneficios, como billetes de avión para él, su familia y sus asociados.
Una delegación de organizaciones no-gubernamentales canadienses visitan Chiapas entre el 20 y 27 de marzo para poder analizar mas a fondo la situación y han iniciado una serie de contactos para determinar cómo frenar el modus operando de esta empresa.
La red mexicana de afectados por la minería está exigiendo que el gobierno federal mexicano actúe de inmediato para cancelar todas las concesiones mineras otorgadas a Blackfire, y expulsar a la empresa de México por violar derechos humanos fundamentales y por haber planeado el asesinato de Mariano Abarca Roblero en noviembre 2009, razón por la que algunos de los trabajadores de blackfire han sido arrestados.
Hasta la fecha Blackfire ha incumplido las promesas de desarrollo de carreteras y tanques de almacenamiento de agua y en cambio ha generado un impacto ambiental negativo, ha fomentado un clima de amenazas, asesinato y corrupción y ha empobrecido aún más a la población local.
La empresa “Fuego Negro” lleva a cabo la extracción de la barita a cielo abierto en tres áreas en Chicomuselo: Plátanos, Torre 1, y Mirador y cuenta con un área de procesamiento y almacenamiento de la barita ubicada a 7 kilómetros al sur de las áreas de exploración de 1.5 hectáreas, donde se ubica maquinaria, material acumulado.
Blackfire se encuentra actualmente en conversaciones con las autoridades del gobierno para construir una terminal de minerales en el puerto de Chiapas en una zona estratégica del mundo que sirve de puerta de enlace desde Central y América del Sur a los mercados asiáticos.
De permitirse la operación, este puerto permitirá Blackfire para vender mineral de hierro y la producción de titanio para los clientes asiáticos y Tapachula sería su centro clave de comercio con América Central.
El gobierno ha dado Blackfire un acuerdo por escrito de 500 por 300 metros de la primera línea de playa y de los derechos a la tierra tanto como se requiere en el puerto. Como tal, Blackfire ha enviado una carta a las autoridades de Puerto de Chiapas, solicitando 300m de frente de muelle a que se construyó después de comenzar su mina de barita.
Después de estas denuncias se desconoce si las autoridades portuarias van a construir una línea ferroviaria como estímulo para la instalación y construcción del muelle.
Que el “Fuego negro” de la empresa no consuma los intereses de Chiapas.
viernes, 19 de marzo de 2010
lunes, 15 de marzo de 2010
miércoles, 3 de marzo de 2010
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