CARTA ABIERTA ANTE REPRESIÓN EN MI CONTRA
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; noviembre 19 de 2009.
Carta Abierta
Al Presidente de la República
A la Procuraduría General de la República
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos
A los organismos defensores de los derechos de los periodistas
A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP)
Al inicio del Gobierno de Juan José Sabines Guerrero en Chiapas, se comprometió en hacer valer la libertad de expresión y defender y proteger a los adultos mayores, a las mujeres, a los niños, a los pobres y todos aquellos chiapanecos en situación de vulnerabilidad. Fueron varias sus prioridades incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo e incluso, recientemente, alardea haberlos elevado a rango constitucional e incluirlos en los Nuevos Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU; sin embargo, lejos de cumplir con su palabra, ha demostrado con hechos su tendencia anárquica y represiva, postura documentada en medios de comunicación tanto locales como nacionales y extranjeros.
Hoy, me declaro periodista perseguido, hostigado y acosado por la administración de Juan José Sabines Guerrero ante a la represión de la cual he sido objeto conjuntamente con mi padre, mi esposa y mis hermanos.
En reiteradas ocasiones han intentado levantarme a través de policías de Tránsito del Estado y hace casi dos meses por presuntos policías vestidos de civil, además de que de manera regular recibo llamadas telefónicas a mi celular en donde me advierten de lo que podrían hacer conmigo y mi familia “si no le bajo” a mis comentarios en mi columna Vértebra Política, en la cual he documentado fehacientemente actos de corrupción, violaciones a la Constitución, violaciones a los derechos humanos de líderes sociales y violaciones en general a las leyes de procuración de justicia.
Intuyo, las agresiones provienen a raíz de que comencé a publicar los cobros en la Sub Secretaría de Gobierno a cargo del michoacano Nemesio Ponce Sánchez, que hacen casi doscientas organizaciones sociales, con quienes han establecido “convenios de gobernabilidad”. Pero también porque he hecho patente denuncias públicas que hablan del enriquecimiento ilícito de Ponce Sánchez y otros servidores públicos como el defeño Mauricio Perkins Cardoso, Secretario Particular del Gobernador; Ricardo Serrano Pino, Secretario de Infraestructura, entre otros, quienes abiertamente se han hecho de propiedades en distintas partes del país y en el mismo estado de Chiapas a través de prestanombres con recursos del pueblo.
He documentado sus nexos con pseudoempresarios como Carlos Valdez Avendaño, quien hasta hace tres años no tenía ni para comer y hoy cuenta con un hotel sin futuro pero donde otros empresarios hablan de inminente lavado de dinero. Este mismo fue nombrado dirigente espurio del Partido Nueva Alianza y hace poco más de tres meses su hermano Rodrigo Antonio Valdez Avendaño, asumió la Dirección General del Colegio de Bachilleres, donde de pronto se hizo un proyecto para edificar 150 planteles con todo e infraestructura mobiliaria a un costo millonario pese a no contar ni siquiera con el alumnado para llenar cada uno, por cierto, construidos donde el acceso es casi imposible.
Después de mantener mi línea crítica hacia el sistema local, Nemesio Ponce me ha enviado a varios emisarios para amedrentarme y exigirme “frene los ataques”, a cambio de mi negativa ha tomado represalias en contra de mi padre, un adulto mayor que después de 27 años de servicio en la administración pública, fue removido de su cargo de la noche a la mañana sin mediar explicaciones, con lo cual, echa por tierra la política implementada por su patrón.
Lo mismo ocurrió con mi esposa y mi hermana, trabajadoras del Colegio de Bachilleres, a cargo de uno de sus ejecutores y cómplice de múltiples ilícitos, Rodrigo Valdez Avendaño, quien confabulado con el Director de Planeación, Pascual Cruz Galdámez y el Director de Administración y Finanzas, Martín Esponda Espinosa (hermano de Blanca Ruth Esponda Espinosa quien despacha al lado de Nemesio Ponce Sánchez como Coordinadora de Gabinete del Gobierno de Chiapas), han estado hostigándolas y acosándolas para que renuncien y pierdan sus derechos laborales conseguidos con el tiempo.
Ayer, al encarar a Valdez Avendaño, sobre estas represalias, dijo contaba con la facultad de remover a cuanto empleado se le antoje porque así se lo autoriza la Ley Orgánica del COBACH, sin embargo, un empleado suyo minutos antes habría dicho que la represión laboral provenía “por instrucciones del Doctor Nemesio Ponce Sánchez” debido a los “ataques” en mi columna.
Tanto este, como otros actos de intimidación, vejación y se han consumado gracias al poder que ejerce el Sub Secretario de Gobierno, con la venia del Gobernador Juan José Sabines Guerrero, quien falta a su palabra, en el caso anterior, de proteger a la mujer y, en el de la Libertad de Expresión, de reprimir a quienes no comulgan con sus actos de corrupción y de agravios a diversos sectores de la población como el religioso y el de los defensores de los derechos humanos no gubernamentales.
El pasado domingo 2 de noviembre de 2009 a las 2:30 de la mañana, cuatro patrullas de Tránsito Municipal, del Ayuntamiento de Jaime Valls Esponda, hijo del Ministro de la Suprema Corte del país, Sergio Valls Hernández, me cerraron el paso en un estacionamiento de una tienda y con datos de mi automóvil como de mi persona, intentaron hacerme creer que un “Taxista Vigilante”, de los miles a quienes paga el Gobierno por señalar a la gente de manera deliberada, habían informado de que minutos antes había cometido una infracción.
Como estos hechos han sido consecutivos en menos de tres meses y ante el estado de indefensión en que me encuentro, me declaro perseguido por el Gobierno del Estado de Chiapas y responsabilizo a quienes están inmiscuidos en las agresiones a mi persona y a mi familia, de cualquier cosa que pudiera ocurrirnos.
Así mismo, solicito a las más altas autoridades del país y el extranjero, procuradoras de defensa del periodismo, considerar los hechos aquí descritos como actos consumados atentatorios de la Libertad de Expresión, con el fin de promover los juicios pertinentes para evitar la continuación de mayores agravios.
Respetuosamente:
Francisco Javier Gurguha Domínguez
Sub Director de “Diario de Chiapas, La Verdad Impresa”
(Versión legal)
Carta Abierta
Al Presidente de la República
A la Procuraduría General de la República
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos
A los organismos defensores de los derechos de los periodistas
A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP)
Al inicio del Gobierno de Juan José Sabines Guerrero en Chiapas, se comprometió en hacer valer la libertad de expresión y defender y proteger a los adultos mayores, a las mujeres, a los niños, a los pobres y todos aquellos chiapanecos en situación de vulnerabilidad. Fueron varias sus prioridades incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo e incluso, recientemente, alardea haberlos elevado a rango constitucional e incluirlos en los Nuevos Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU; sin embargo, lejos de cumplir con su palabra, ha demostrado con hechos su tendencia anárquica y represiva, postura documentada en medios de comunicación tanto locales como nacionales y extranjeros.
Hoy, me declaro periodista perseguido, hostigado y acosado por la administración de Juan José Sabines Guerrero ante a la represión de la cual he sido objeto conjuntamente con mi padre, mi esposa y mis hermanos.
En reiteradas ocasiones han intentado levantarme a través de policías de Tránsito del Estado y hace casi dos meses por presuntos policías vestidos de civil, además de que de manera regular recibo llamadas telefónicas a mi celular en donde me advierten de lo que podrían hacer conmigo y mi familia “si no le bajo” a mis comentarios en mi columna Vértebra Política, en la cual he documentado fehacientemente actos de corrupción, violaciones a la Constitución, violaciones a los derechos humanos de líderes sociales y violaciones en general a las leyes de procuración de justicia.
Intuyo, las agresiones provienen a raíz de que comencé a publicar los cobros en la Sub Secretaría de Gobierno a cargo del michoacano Nemesio Ponce Sánchez, que hacen casi doscientas organizaciones sociales, con quienes han establecido “convenios de gobernabilidad”. Pero también porque he hecho patente denuncias públicas que hablan del enriquecimiento ilícito de Ponce Sánchez y otros servidores públicos como el defeño Mauricio Perkins Cardoso, Secretario Particular del Gobernador; Ricardo Serrano Pino, Secretario de Infraestructura, entre otros, quienes abiertamente se han hecho de propiedades en distintas partes del país y en el mismo estado de Chiapas a través de prestanombres con recursos del pueblo.
He documentado sus nexos con pseudoempresarios como Carlos Valdez Avendaño, quien hasta hace tres años no tenía ni para comer y hoy cuenta con un hotel sin futuro pero donde otros empresarios hablan de inminente lavado de dinero. Este mismo fue nombrado dirigente espurio del Partido Nueva Alianza y hace poco más de tres meses su hermano Rodrigo Antonio Valdez Avendaño, asumió la Dirección General del Colegio de Bachilleres, donde de pronto se hizo un proyecto para edificar 150 planteles con todo e infraestructura mobiliaria a un costo millonario pese a no contar ni siquiera con el alumnado para llenar cada uno, por cierto, construidos donde el acceso es casi imposible.
Después de mantener mi línea crítica hacia el sistema local, Nemesio Ponce me ha enviado a varios emisarios para amedrentarme y exigirme “frene los ataques”, a cambio de mi negativa ha tomado represalias en contra de mi padre, un adulto mayor que después de 27 años de servicio en la administración pública, fue removido de su cargo de la noche a la mañana sin mediar explicaciones, con lo cual, echa por tierra la política implementada por su patrón.
Lo mismo ocurrió con mi esposa y mi hermana, trabajadoras del Colegio de Bachilleres, a cargo de uno de sus ejecutores y cómplice de múltiples ilícitos, Rodrigo Valdez Avendaño, quien confabulado con el Director de Planeación, Pascual Cruz Galdámez y el Director de Administración y Finanzas, Martín Esponda Espinosa (hermano de Blanca Ruth Esponda Espinosa quien despacha al lado de Nemesio Ponce Sánchez como Coordinadora de Gabinete del Gobierno de Chiapas), han estado hostigándolas y acosándolas para que renuncien y pierdan sus derechos laborales conseguidos con el tiempo.
Ayer, al encarar a Valdez Avendaño, sobre estas represalias, dijo contaba con la facultad de remover a cuanto empleado se le antoje porque así se lo autoriza la Ley Orgánica del COBACH, sin embargo, un empleado suyo minutos antes habría dicho que la represión laboral provenía “por instrucciones del Doctor Nemesio Ponce Sánchez” debido a los “ataques” en mi columna.
Tanto este, como otros actos de intimidación, vejación y se han consumado gracias al poder que ejerce el Sub Secretario de Gobierno, con la venia del Gobernador Juan José Sabines Guerrero, quien falta a su palabra, en el caso anterior, de proteger a la mujer y, en el de la Libertad de Expresión, de reprimir a quienes no comulgan con sus actos de corrupción y de agravios a diversos sectores de la población como el religioso y el de los defensores de los derechos humanos no gubernamentales.
El pasado domingo 2 de noviembre de 2009 a las 2:30 de la mañana, cuatro patrullas de Tránsito Municipal, del Ayuntamiento de Jaime Valls Esponda, hijo del Ministro de la Suprema Corte del país, Sergio Valls Hernández, me cerraron el paso en un estacionamiento de una tienda y con datos de mi automóvil como de mi persona, intentaron hacerme creer que un “Taxista Vigilante”, de los miles a quienes paga el Gobierno por señalar a la gente de manera deliberada, habían informado de que minutos antes había cometido una infracción.
Como estos hechos han sido consecutivos en menos de tres meses y ante el estado de indefensión en que me encuentro, me declaro perseguido por el Gobierno del Estado de Chiapas y responsabilizo a quienes están inmiscuidos en las agresiones a mi persona y a mi familia, de cualquier cosa que pudiera ocurrirnos.
Así mismo, solicito a las más altas autoridades del país y el extranjero, procuradoras de defensa del periodismo, considerar los hechos aquí descritos como actos consumados atentatorios de la Libertad de Expresión, con el fin de promover los juicios pertinentes para evitar la continuación de mayores agravios.
Respetuosamente:
Francisco Javier Gurguha Domínguez
Sub Director de “Diario de Chiapas, La Verdad Impresa”
(Versión legal)
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