* Según especialista canadiense, el muro de barro que ha dejado la extracción de barita presenta fisuras y podría colapsar en la temporada de lluvias, afectando a las poblaciones cercanas
* “Black Fire debe irse ya de Chiapas”, coinciden luego de la visita a la mina; pobladores les manifestaron miedo por los daños que ha causado
* “Venimos hasta aquí para ver los hechos de primera mano, para nosotros es claro que la empresa tuvo algo que ver en el asesinato de Mariano Abarca y eso no es aceptable en ninguna parte del mundo”, declararon
POR: MARCO ANTONIO ALVARADO
La historia de Juan de Grijalva podría repetirse en los poblados cercanos a la minera Black Fire, donde el muro de barro que ha dejado la extracción de barita “presenta fisuras y podría colapsar en la temporada de lluvias”, declaró Rick Arnold, coordinador de una red canadiense de 20 organizaciones gremiales y organismos no gubernamentales relacionados con el tema de la minería.
“Es una alerta a tiempo”, dijo tras su visita a las instalaciones de la empresa Black Fire. Arnold forma parte de una comitiva canadiense conformada por el abogado Mark Rowlison, integrante del Departamento Legal de la oficina United Steelworkers, uno de los sindicatos mineros más poderosos en aquel país, así como por la periodista y especialista en estos temas, Dawn Paley.
El grupo llevará el reporte de lo que han visto y oído ante el gobierno canadiense, para que actué en respuesta a los abusos cometidos por la empresa Black Fire en territorio mexicano.
Como parte también de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, la comitiva canadiense busca que se legisle en su país, a fin de que se termine con las prácticas de mineras canadienses que como Black Fire operan con impunidad en varios países de América Latina.
Asimismo, se dijeron preocupados por la muerte del líder social y cabeza del movimiento que exige la salida de la mina, Mariano Abarca Roblero, cuya familia visitaron a fin de conocer los sucesos que rodearon su asesinato.
“Nos hemos reunido también con la gente de los poblados cercanos, hemos visitado el área para palpar la situación”, mencionó Arnold y recalcó: “No hay posibilidades de negociar nada, Black Fire debe irse ya de Chiapas”.
Rick Arnold se dijo preocupado por lo que ha visto al recorrer la mina: “Queremos recalcar que tuvimos oportunidad ir a la mina, fue de manera sorpresiva, y a título personal quiero decir que me he parado en el borde, he visto hacia abajo y la caída es totalmente vertical, profunda y presenta grandes grietas”.
“Mirando hacia un lado se aprecia el poblado de Nuevo Morelia y otras casas, a mi juicio habría que anunciar una alerta de esa situación, porque si este año las lluvias son fuertes, nosotros creemos que no hay nada ahí que vaya a resistir el posible colapso del muro de barro, la empresa no hizo nada para asegurar que ello no ocurra y en algún momento se podría venir abajo”, explicó.
El alud, que en opinión del coordinador canadiense podría suscitarse, iría en dirección de los mismos poblados que de forma unánime piden que la minera se retire.
“La gente está preocupada por los daños, no sólo ecológicos que las mismas autoridades de Chiapas han reconocido es irreversible y extenso, sino también por la elevada mortandad de reses, peces y las manchas que surgen en su piel cuando se bañan en el río”, agregó.
De acuerdo con los visitadores, la gente de los poblados Grecia y Nuevo Morelia, entre otros, ya no quieren negociar nada, ni arreglo de caminos ni construcción de aulas, sólo quieren que se vaya lo más pronto posible.
“No vieron nada del progreso prometido”, indicó y reconoció que estos testimonios formarán la base para impulsar una ley en Canadá, que vigile la operación de ésta y todas las empresas de ese país dedicadas a la minería que aplastan los derechos de los lugares donde se ubican.
EL OBJETIVO: BLACK FIRE EN LOS TRIBUNALES
Por su parte, el abogado Mark Rowlison fue tajante al afirmar: “Estamos impulsando dos leyes en Canadá, una para que el gobierno retire su apoyo a las empresas que fuera del país trabajan de manera irresponsable, porque el gobierno las apoya muchísimo. La otra, es para crear la posibilidad de que las víctimas de abusos ambientales, laborales o de derechos humanos, puedan llevar sus casos ante los tribunales canadienses”.
Comentó que esperan también incidir en que si se comprueba que la minera estuvo detrás de la muerte de Mariano Abarca, su familia pueda llevar un juicio en Canadá.
“Venimos hasta aquí para ver los hechos de primera mano, quiero decir que para nosotros es claro que la empresa tuvo algo que ver en el asesinato y eso no es aceptable en ninguna parte del mundo”, afirmó.
Las dos leyes de las que habló Rowlison son respaldadas también por nueve organizaciones más inmersas en el tema, “nuestro sindicato y los canadienses en general estamos muy preocupados por la irresponsabilidad de algunas mineras en Latinoamérica”.
Y en especial el caso que los ocupa en este momento los ha llevado a plantear que el gobierno canadiense tenga más control sobre estas compañías dentro y fuera del país, y -en su caso- retirarles toda protección.
“Hemos pedido a la policía canadiense que investigue también la corrupción de empresarios de Black Fire, particularmente por el dinero que dieron a varios funcionarios públicos”, aseguró.
IMPUNIDAD, LO QUE DISTINGUE A MINERAS CANADIENSES
La forma de operar de Black Fire en las comunidades de Chicomuselo es la regla, no la excepción dentro de las mineras canadienses, aceptó la periodista Dawn Paley, quien ha investigado los abusos en varios países de América.
“Hay un paraíso judicial en Canadá y estas empresas se aprovechan de ello, porque básicamente las leyes no hacen nada de lo que hagan fuera del territorio, en ese contexto vivimos”, precisó.
Manifestó que además hay mucha impunidad en el negocio minero de aquel país, no es el caso de Chicomuselo el primero: “Black Fire actuó con irresponsabilidad extrema, pero así lo hacen generalmente las mineras canadienses que he investigado”.
En la actualidad, sostuvo que existen denuncias por hechos similares al de Chicomuselo, en Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador y El Salvador, donde recientemente mataron también a los opositores de una mina.
“Todos son casos fuertes y tan graves, por eso la necesidad de promulgar las dos leyes que proponemos”, detalló.
En el caso chiapaneco, la comitiva dice que no hay posibilidad de negociar nada, simplemente quieren que se vaya la empresa.
“Su mensaje es sencillo pero busca algo complicado, quieren justicia, la familia de Mariano Abarca pide justicia y vamos a apoyarlos en todo lo posible, para que lo que aquí ocurrió llegue a los más altos niveles del gobierno canadiense”, puntualizó.
LA INFALTABLE CORRUPCIÓN MEXICANA
Si Black Fire ha podido operar sin tener que dar cuentas a las autoridades locales, obedece al sistema de compra de conciencias que ha implementado y que en el caso de Chicomuselo le funcionó.
Al respecto, la comitiva canadiense es clara cuando dice “hubo un soborno de 14 meses hacia el Presidente Municipal de Chicomuselo, Julio César Velázquez Calderón”.
“La documentación que hemos visto indica que empezaron (los pagos) en marzo de 2008. Inicialmente 25 mil pesos, que supuestamente servirían para financiar la feria del pueblo.
Después vinieron pagos mensuales de 10 mil pesos, por concepto de gratificaciones.
Después en abril de 2009 hubo otro pago de 100 mil pesos, 75 mil fueron directo a la cuenta del alcalde y el resto a otro funcionario publico de esa localidad” dijo Rick Arnold.
Los canadienses aseguraron que también encontraron que el alcalde –quien aún continúa en funciones- pidió un sin número de boletos de avión, para que viajaran su familia y allegados, “eso es algo que sabemos que la empresa sí le dio”.
Sin embargo, dijeron desconocer a que otros niveles del gobierno municipal o estatal, llegó la cadena de corruptelas que volvieron intocable a la minera.
LA HERENCIA BLACK FIRE
De acuerdo con datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, actualmente en México operan 528 mineras canadienses, la mayoría todavía se encuentra en procesos de exploración.
Pero de éstas, 48 ya tienen producción y más de la mitad de ellas, tienen problemas graves en las comunidades donde están asentadas.
“Hacen lo que quieren sin que nadie los vigile” reconoció el grupo de canadienses, que consideró necesario ponerles límites, sobre todo, después que las malas prácticas se han hecho su norma.
¿Qué dejará Black Fire en Chicomuselo? “El pago ya está, agua contaminada por la exposición de la barita al medio ambiente lo cual genera óxido de barita, de ahí derivan problemas en la piel que la población ya está sufriendo” responde Gustavo Castro, otro de los implicados en la investigación.
“Y esos son los síntomas inmediatos, porque también hay carencia de agua porque las explosiones generaron grietas por donde el agua se filtra y ya no baja a las comunidades”.
Advierte que los problemas ecológicos serán mayores si a lo anterior se suma la pérdida de capa forestal que supone un grave riesgo para la seguridad alimentaria.
Además, “la montaña no la podrán reconstruir, por eso la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural clausuró la mina, argumentando que el daño al medio ambiente es irreversible, que hay ecosistemas que ya no se recuperarán”.
Sobre las consecuencias inmediatas y la alerta de un posible alud sobre las comunidades cercanas, Castro fue tajante al afirmar: “el gobierno del estado y la empresa serán responsables si este año las lluvias ocasionan un desastre”.
DUDAS SOBRE EL CASO ABARCA
Para los visitadores extranjeros el asesinato de Mariano Abarca no fue sino resultado de la omisión del gobierno estatal.
“Ya se habían denunciado las amenazas y las acciones de la empresa un año antes de que ocurriera, se les dijo que gente de la minera fue a casa de Abarca y golpeó a su familia, entre ellos el Gerente de Relaciones Públicas”.
Es por ello que ante la ineficiencia del gobierno chiapaneco, pedirán que la investigación vaya más al fondo, más enfocada a la empresa y sus directivos.
“Tienen que ser investigados porque el gobierno sabía de la situación desde un año antes y no hizo nada”.
Sobre la detención de los tres presuntos autores materiales del crimen, la Red Mexicana de Afectados por la Minería dijo que la gente del pueblo está conforme con esa parte de la investigación.
Pero para ellos, la encarcelación de Walter León Montoya, a quien se le imputa haber amenazado al occiso, “es posible que esté relacionada con otros intereses pero no por la muerte de Mariano”.
“La detención de Walter León no puede ser por este caso como ha dicho la Procuraduría General de Justicia del Estado, ellos dicen que Walter llegó a un platón en Chicomuselo y lo amenazó junto con gente armada.
Pero los testigos afirman que esa versión no es cierta, nadie lo conoce y nunca nadie lo vio en el lugar” afirmó Gustavo Castro quien se dijo preocupado de que el o los verdaderos autores intelectuales del crimen, estén siendo protegidos mediante una desviación del caso.
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